Pide Agenda Ciudadana reconocimiento pleno de derechos políticos para indígenas

Tijuana, 2 de junio.- La organización Agenda Ciudadana por el Desarrollo y la Corresponsabilidad Social difundió un comunicado para exigir a los partidos políticos el acceso pleno de indígenas a espacios de participación y representación popular que por derecho les corresponde, ya que están contemplados en diferentes ordenamientos legales.  

A continuación, te presentamos íntegro el documento difundido a cuatro días de las elecciones:  

Las elecciones del 6 de junio están a la vuelta de la esquina. A decir de las propias autoridades electorales, son las más grandes en la historia del país.  

La democracia mexicana es muy endeble. Son diversos factores que impiden la consolidación de instituciones electorales fuertes e incluyentes. De entre ellos destaca el enorme poder que tienen los partidos políticos; también podemos constatar que la ciudadanía no cuenta con herramientas plenas y eficaces para fiscalizar y contrarrestar las decisiones de dichos partidos políticos y de las autoridades electorales; otro problema estructural es que la ciudadanía mexicana, en términos generales, ha padecido durante décadas un problema generalizado en las sociedades modernas, es decir, la manipulación y la falta de información de calidad sobre el ejercicio del poder y sus consecuencias; otro problema muy presente en la sociedad y es el que nos atañe aquí, es el del racismo.

Negar a los indígenas el acceso pleno a espacios de participación y representación política que les corresponden y que están contemplados en diferentes ordenamientos legales es, además de discriminatorio, racista. Es cierto que estamos en una fase de transición de un Estado monocultural a un Estado pluricultural, pero también es cierto que muchos actores políticos, incluidos los partidos, no están dispuestos a ceder sus privilegios y espacios, e incorporar plenamente al juego democrático a los pueblos indígenas como titulares de derechos civiles y políticos.

Si partimos de que las acciones afirmativas son instrumentos necesarios para que sectores de la sociedad históricamente relegados, estén en condiciones de participar y llegar a espacios de toma de decisiones, poco ayuda a la causa que las mujeres y hombres indígenas beneficiarias de esas acciones sean aprobados y palomeados por los partidos políticos. Por eso el reto de la consolidación de la democracia en México y en este caso en Baja California, pasa por el hecho de que se reconozca a las comunidades indígenas no solo su derecho a tener representantes, sino también la capacidad de poder postularlos, en el entendido de que nuestro sistema político electoral debe de transitar de un liberalismo y republicanismo construido a partir de la mirada occidental, a uno que incluya las formas de participación y representación indígenas, pero que sobre todo dote de competencias a las asambleas comunitarias, esto como muestra de que el Estado comprende que los derechos civiles y políticos tienen una faceta colectiva cuando se trata de las comunidades originarias.

Tenemos que reconocer que en las presentes elecciones, si bien hubo la intención de garantizar que al menos una cuota mínima de indígenas fuera postulada por la vía de obligar a los partidos políticos a postular dichas candidaturas, lo cierto que es al final queda un “mal sabor de boca” porque resultó relativamente fácil cometer un fraude a la ley, ya que las y los aspirantes a ocupar las candidaturas reservadas a los indígenas solo tenían que conseguir una simple constancia con alguna autoridad local, la cual bastó para que se quedaran con la candidatura, sin necesariamente ser indígenas ni ser reconocidos como tal por las comunidades indígenas a las que representarán.

Posteriormente, en la fase de las impugnaciones, se siguió demostrando, aun más, las carencias de nuestro sistema, ya que impugnar a los candidatos usurpadores de la identidad indígena no resulta nada sencillo para los miembros de comunidades y pueblos indígenas. Si partimos que los indígenas son un sector que históricamente ha sido excluido de la configuración de la nación mexicana, es evidente y entendible que dichas comunidades les resulte caro contratar servicios de abogados, que además deben de ser especialistas en derecho electoral indígena.  

Al final de cuentas, y partiendo de un análisis de los resultados finales, si bien es cierto que se impugnaron algunas candidaturas y se removieron a algunos “candidatos usurpadores” con la ayuda de la Defensoría Indígena del TEPJF, también es importante destacar que muchas “candidaturas usurpadoras” son intocables porque son prioridad de los partidos políticos y eso es lo que deja el malestar en una buena parte de la sociedad que está al tanto de esta problemática pero, sobre todo, en las comunidades y organizaciones indígenas que durante décadas han estado luchando porque se reconozcan a los indígenas como mexicanos plenos y no se les trate como ciudadanos de segunda.