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Opinión

Día Mundial de los Refugiados: nada que celebrar

Por: J. L. Pérez Canchola

En estos días se cumplen 70 años de la Conferencia Internacional sobre los Refugiados.

En aquel evento, celebrado en Ginebra en 1951, se acordó que los gobiernos se comprometían a no imponer sanciones ni a expulsar de su territorio a los refugiados que abandonaban sus países de origen por estar en peligro su vida o su libertad.

En un principio el gobierno mexicano formuló algunas reservas y tuvieron que pasar 49 años, para finalmente aceptar en el año 2000 ser parte de la Convención sobre el derecho de los Refugiados. El gobierno mexicano fue de los últimos en reconocer este derecho.

Hoy a 70 años de la firma de aquella Convención, los seres humanos que buscan asilo, protección, refugio o la simple sobrevivencia fuera de su país de origen, han alcanzado cifras extraordinarias.

Hoy en día, y de acuerdo con la información de los organismos internacionales, hemos llegado a más de 272 millones de migrantes que viven fuera de sus países de origen huyendo de la violencia criminal, la persecución, amenazas, por discriminación y pobreza extrema.

México ocupa el segundo lugar con más de 12 millones de mexicanos radicados en el extranjero. El primer lugar lo ocupa la India con 18 millones y China en tercer lugar con 11 millones.

Lo anterior nos debe llamar la atención, ya que durante los últimos 30 años dominados por la globalización, se registró un aumento del 46 por ciento de la población mundial, mientras que el número de refugiados, asilados, perseguidos y migrantes económicos aumentó en un 78 por ciento.

(Fuente: https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/)

En el caso de los extranjeros solicitantes de refugio en México, en la primera mitad del 2021, ya son más de 40 mil solicitantes. Aparte tenemos un rezago de 80 mil peticiones de refugio de 78 nacionalidades distintas, siendo el 90 por ciento originarios de Honduras, El Salvador, Guatemala y Haití.

Esto representa un reto para el gobierno mexicano, sobre todo cuando se sabe que al menos la mitad son niñas, niños y adolescentes, así como mujeres solas o adultos mayores que buscan una oportunidad para salvar y rehacer sus vidas. No se trata de una migración laboral, son más bien seres humanos que buscan salvar la vida.

Los solicitantes de refugio que a diario llegan a nuestro país son personas en extremo vulnerables que aspiran al pleno respeto de sus derechos humanos, tal como se los prometió el presidente López Obrador en su declaración del 20 de octubre de 2018.

Sin embargo, para dar cumplimiento a este compromiso del Ejecutivo Federal, urge una reforma a la “Ley sobre Refugiados”, publicada en el DOF el 27 de enero de 2011. Se trata de una ley obsoleta basada en la desconfianza y con infinidad de requisitos, controles, firmas quincenales, declaraciones de puño y letra, un cuestionario de 12 páginas, prohibición de movilidad y entrevistas que hacen el procedimiento lento y burocrático. Esto va en sentido contrario al compromiso del presidente de garantizar la protección y la ayuda que merecen los refugiados en su condición de seres humanos. Los diputados de todos los partidos, sensibles a esta realidad tienen la palabra.

Adicionalmente, el gobierno de la 4T debería retirar de inmediato la Guardia Nacional de la frontera sur y garantizar visas humanitarias a quienes llegan a suelo mexicano buscando salvar su integridad, su libertad y en el extremo, la vida misma.

El autor es miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos

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