Ex director de Control del INM obtiene suspensión contra aprehensión
Ciudad de México. El ex director general de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM), Antonio Molina Díaz, obtuvo una suspensión provisional contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada relacionados con actos de corrupción en la administración de Genaro García Luna cuando fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Sin embargo, en caso de que obtenga la suspensión definitiva o el amparo, los delitos por lo que se le acusan ameritan prisión preventiva
En la actualidad, García Luna está preso en una cárcel de Nueva York, luego de ser declarado culpable por cinco delitos relacionados con el narcotráfico en Estados Unidos. Sin embargo, tiene otros procesos pendientes ante la justicia mexicana.
Vinculación
Molina Díaz, es uno de los ex funcionario del INM que fue vinculado a proceso a finales de abril por el delito de uso indebido del ejercicio público como parte de la acusación por la muerte de 40 indocumentados y 28 lesionados tras un incendio en el centro de detención migratorio, el pasado 27 de marzo, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El ex servidor público tramitó el recurso ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en Ciudad de México el 23 de mayo, un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra de García Luna y otros 60 ex funcionarios y particulares por dichos delitos que supuestamente que habrían cometido al defraudar 5 mil 112 millones de pesos destinados a las prisiones federales.
La juez María del Carmen Sánchez Cisneros aparte de otorgarle la medida cautelar le impuso pagar una garantía de seis mil 500 pesos para que la suspensión provisional tenga vigencia.
De acuerdo con la FGR, García Luna, sus socios y cómplices, tanto del sector público como del privado, habrían cometido este fraude a través de 10 contratos ilícitos, por la suma de cinco mil 112 millones de pesos, que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional.
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